La Conferencia Ministerial Global para Poner Fin a La Violencia Contra la Niñez, que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, el 7 y 8 de noviembre, es una oportunidad sin precedentes para generar una respuesta global a la violencia contra la niñez.
Con la participación de 110 Estados miembros y 80 Ministros, debemos aprovechar este momento para compartir soluciones que sabemos que existen y colaborar para asegurar compromisos financieros y políticos que garanticen que los niños, las niñas y los adolescentes estén seguros, dondequiera que se encuentren.
Varios países de América Latina y el Caribe han dado pasos clave para abordar la violencia contra la niñez. La celebración de la conferencia en la región es un signo del arduo trabajo de los defensores para aumentar la conciencia y priorización por parte de los gobiernos sobre este tema.
Antes de la Conferencia Global Ministerial, queremos resaltar el trabajo de tres países que están en diferentes etapas de su camino para poner fin a la violencia contra la niñez, y que tienen el potencial de hacer compromisos clave que pueden marcar una diferencia en las vidas de millones de niños, niñas y adolescentes.
El Gobierno de Colombia, uno de los anfitriones de la Conferencia, es un líder en la región en la lucha contra la violencia hacia la niñez. Colombia realizó su Encuesta sobre Violencia contra Niños y Jóvenes (VACS, por sus siglas en inglés) en 2018. Los hallazgos de la encuesta permitieron al gobierno estimar la magnitud de diferentes formas de violencia que impactan a la niñez y juventud en el país. Algunos de los hallazgos clave incluyen:
El 41% de los niños y el 42% de las niñas experimentaron violencia sexual, física o psicológica en algún momento de su infancia.
Aproximadamente el 15% de las niñas y el 8% de los niños experimentaron violencia sexual antes de los 18 años.
Entre quienes experimentaron violencia sexual en la infancia, el 54% de las niñas y el 48% de los niños le contaron a alguien sobre su experiencia. El conocimiento sobre los servicios era relativamente bajo; solo el 49% de las niñas y jóvenes y el 54% de los niños y jóvenes de 18 a 24 años que experimentaron violencia sexual en la infancia conocían un lugar al que acudir para recibir ayuda.
El 27% de las niñas y el 38% de los niños experimentaron violencia física antes de los 18 años.
A nivel nacional, las niñas y jóvenes de 18 a 24 años que experimentaron violencia sexual en la infancia tenían significativamente más probabilidades de haber pensado alguna vez en el suicidio que aquellas que nunca experimentaron violencia sexual en la infancia (50% frente a 14%).
Como parte del proceso de Datos a la Acción de VACS, el Gobierno de Colombia utilizó estos hallazgos para desarrollar e implementar su Plan de Acción Nacional para poner fin a la violencia contra los niños y jóvenes.
Además, Colombia ha realizado investigaciones cualitativas adicionales sobre las consecuencias de la violencia contra los niños, específicas al contexto nacional. En 2023, Together for Girls colaboró con Centro Imagina de la Universidad de los Andes, Implementation Science Collaborative, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, URC, y el proyecto Health Evaluation and Applied Research Development de USAID (HEARD) para desarrollar varios reportes y estudios de caso enfocados en las lecciones de la implementación de los planes de acción nacionales y departamentales de Colombia.
Honduras fue el primer país en realizar una VACS en América Latina, en 2017. Los resultados del reporte permitieron al gobierno estimar la magnitud de diferentes formas de violencia que afectan a sus niños, niñas y jóvenes, e informaron compromisos políticos clave para abordar este problema. Algunos de los hallazgos clave de la VACS de Honduras en 2017 incluyen:
Aproximadamente el 16% de las niñas y el 10% de los niños experimentaron violencia sexual antes de los 18 años.
Alrededor del 32% de las niñas y el 30% de los niños experimentaron violencia física antes de los 18 años.
Muchos víctimas de violencia sexual no le contaron a nadie sobre sus experiencias, y la mayoría no buscó ni recibió servicios de apoyo.
La violencia está asociada con problemas de salud significativos, incluyendo la ansiedad, el consumo excesivo de alcohol y tabaco, las autolesiones e ideación suicida, y enfermedades de transmisión sexual.
Experimentar violencia en la infancia estaba significativamente asociado con la perpetración de violencia en la adultez.
Entre los adolescentes de 13 a 17 años, el 21% de las niñas faltaron a la escuela como resultado de la violencia sexual.
Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 23% de las niñas y jóvenes faltaron a la escuela debido a la violencia sexual en la infancia, y el 18% de las niñas y jóvenes y el 17% de los niños y jóvenes faltaron a la escuela debido a la violencia física en la infancia.
Como parte del proceso de Datos a la Acción de VACS, el gobierno hondureño utilizó los hallazgos del informe de VACS para desarrollar su Plan de Acción Nacional 2021-2026 para prevenir la violencia contra niños y adolescentes. Como parte de este proceso, este año Honduras llevó a cabo talleres de Datos a la Acción con partes interesadas clave a nivel municipal para desarrollar planes de acción locales que aborden la naturaleza, prevalencia y consecuencias de la violencia contra niños y jóvenes reveladas por su VACS de 2017.
Bolivia aún no ha realizado una VACS. Por lo tanto, la evidencia de calidad sobre la prevalencia de este problema es escasa, pero datos recientes de UNICEF indican que los niños experimentan altas tasas de violencia.
Un motor clave para el cambio en Bolivia, específicamente sobre la violencia sexual contra los niños, fue el caso de Brisa de Angulo, quien ganó contra el Estado de Bolivia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte determinó que el Estado era "responsable internacionalmente" por violar los derechos de Brisa, quien no pudo encontrar justicia en los tribunales del país después de experienciar repetidamente violencia sexual por parte de un familiar a los 15 años.
Brisa es cofundadora del Brave Movement a nivel global y fue recientemente elegida como presidenta de la plataforma regional independiente del Movimiento de Valientes de América Latina y el Caribe (Valientes). También es miembro del Global Survivor Council, que reúne a un grupo de sobrevivientes de diferentes formas de violencia infantil y que desempeñará un papel crucial en asegurar la representación, participación y liderazgo de sobrevivientes en la Conferencia Global Ministerial y en su declaración política final.
Valientes, que se lanzó a principios de 2024, ya ha hecho progresos en su trabajo de defensa para poner fin a la violencia sexual infantil en la región. Compuesto por líderes sobrevivientes que también son expertos, activistas, académicos, psicólogos y abogados, están liderando la lucha por la justicia en la región.
Su lanzamiento estuvo marcado por la publicación de dos informes clave sobre la naturaleza y prevalencia de la violencia sexual infantil en la región, así como sobre los plazos de prescripción para los crímenes sexuales contra la niñez en América Latina y el Caribe.
Utilizando un marco neuro-psico-social integral, el primer reporte examina las repercusiones e impactos de la violencia sexual en infantes, niñas, niños y adolescentes. Exponen las fallas significativas de los sistemas de justicia en América Latina, destacando los esfuerzos incesantes de quienes están comprometidos con el avance de la justicia y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en la región.
El segundo reporte es un esfuerzo colaborativo del Grupo de Trabajo sobre el Estatuto de Limitaciones Global – CHILDGlobal, el Brave Movement y la Fundación Derecho al Tiempo. Proporciona clasificaciones específicas por país y un análisis de los esfuerzos de reforma del estatuto de limitaciones a niveles local, nacional y regional en América Latina y el Caribe.
Hay tanto silencio y vergüenza en torno al abuso y la violencia. Comencé a compartir mi propia historia hace más de una década porque estaba cansada de cargar con la vergüenza. Hay tantos sobrevivientes ahí afuera y me sentí impulsada a ser la voz que rompe el silencio para que otros se sientan menos solos y sepan que hay esperanza y la capacidad de sanar.
Daniela LigieroDirectora Ejecutiva y Presidenta
El Movimiento de Valientes llevó a cabo un proceso exhaustivo y participativo con sobrevivientes de toda la región para desarrollar las siguientes posiciones políticas para los Estados Miembros en la Conferencia Ministerial:
Estas estrategias están basadas en datos y evidencia para reducir la violencia contra la niñez incluyen la implementación y aplicación de leyes, el cambio de normas y valores, la creación de entornos seguros, el apoyo a padres y cuidadores, la mejora de la estabilidad económica de los hogares, la provisión de servicios de respuesta y apoyo, y garantizar que los niños desarrollen habilidades personales y sociales a través de la educación.
Instamos encarecidamente a los gobiernos de Bolivia, Colombia y Honduras a crear y financiar consejos nacionales de sobrevivientes, modelados a partir del consejo nacional de sobrevivientes de Alemania, como parte de sus compromisos nacionales en la Conferencia Global Ministerial.
Los sobrevivientes tienen experiencia y conocimientos de primera mano sobre las complejidades, desafíos y necesidades de quienes han sufrido violencia sexual en la infancia. A través de la creación de consejos nacionales de sobrevivientes, los Estados Miembros estarán mejor equipados para abordar de manera efectiva la violencia contra la niñez, especialmente la violencia sexual en la infancia.
Los datos de VACS de los informes de Colombia y Honduras destacan el impacto a nivel social de la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Este problema tiene consecuencias negativas en los resultados educativos de los niños y adolescentes, así como en su salud física y mental, y su acceso a la justicia. La respuesta a la violencia contra los niños no puede ser diseñada e implementada por un solo ministerio; debe ser un esfuerzo interministerial.
Necesitamos un enfoque multidisciplinario y coordinado para abordar los aspectos complejos e interrelacionados de la violencia contra la niñez e integrar medidas de protección en todas las políticas y programas gubernamentales. Llamamos a los Gobiernos de Colombia, Bolivia y Honduras a adoptar y financiar una estrategia holística y un mecanismo de coordinación interministerial para abordar la violencia contra las infancias, involucrando a sus Ministerios de Finanzas, Salud, Educación, Género y Justicia, entre otros.
En 2006, el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, instó a todos los Estados Miembros a comenzar a abordar la epidemia de violencia contra los niños mediante la recopilación de datos sólidos y representativos a nivel nacional para informar políticas y programas. Casi 20 años después, alentamos a los Gobiernos de Bolivia, Colombia y Honduras a financiar e implementar regularmente iniciativas de recopilación de datos y evidencia sobre la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes en sus países.
La falta de datos suficientes y confiables sobre la violencia contra la niñez limita la capacidad de los diferentes actores de protección infantil para diseñar, implementar y evaluar cualquier iniciativa de prevención y respuesta. Actualmente, los VACS contienen la mayor parte de la evidencia sobre violencia contra la niñez a nivel global, y han demostrado ser un recurso crítico para más de 20 países en sus esfuerzos por mantener a la niñez y la juventud libres de violencia.
Cuando realizaron sus respectivas encuestas, Colombia y Honduras reconocieron la necesidad de recopilar datos más completos sobre la violencia contra la niñez para fortalecer una respuesta basada en datos y para planificar, implementar, monitorear y evaluar mejor las políticas y los programas de protección infantil. Como parte del proceso de Datos a la Acción de VACS, Colombia y Honduras utilizaron los resultados de sus respectivas encuestas para desarrollar planes de acción nacionales para poner fin a la violencia contra los niños y llevar a cabo más investigaciones sobre este tema utilizando los datos de VACS.
Si bien estos dos países han logrado avances considerables en el abordaje de la violencia contra los niños, hay varias acciones clave que deben realizar para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del proceso de Datos a la Acción de VACS.
El costo de las VACS y sus compromisos resultantes deben incluirse en los presupuestos nacionales de estos países.
Los compromisos derivados de las VACS deberían ser una política nacional, no solo gubernamental, para asegurar que permanezcan en su lugar incluso después de cambios en la administración a nivel local y nacional.
Una segunda VACS en Colombia y Honduras proporcionaría perspectivas críticas sobre el impacto de las medidas de cada país después de la primera encuesta. Además, realizar una nueva encuesta brindaría una oportunidad para incluir módulos adicionales, por ejemplo, sobre migración o violencia de género relacionada con la escuela, que pueden aportar más evidencia sobre áreas específicas de interés para cada país.
Los planes municipales y departamentales en Honduras y Colombia, respectivamente, deben ofrecer una oportunidad para recopilar más datos y evidencia sobre la prevalencia de la violencia y el trabajo que realizan los observadores de violencia contra la niñez designados en los diferentes municipios.
Finalmente, hacemos un llamado a los Gobiernos de Colombia y Honduras para que asignen presupuestos específicos para la prevención de la violencia contra los niños y nombren un punto focal para coordinar todos los esfuerzos del país, también a nivel municipal y departamental.
En cuanto a Bolivia, instamos a su gobierno a seguir los pasos de Colombia y Honduras y realizar una VACS para entender la magnitud de diferentes formas de violencia que afectan a las poblaciones jóvenes en el país, así como a participar en el proceso asociado de Datos a la Acción , que ha sido tan instrumental en la protección infantil en otros países de la región.
Alinear la legislación nacional con las normas y estándares internacionales sobre derechos humanos a través de al menos tres reformas legislativas:
Eliminación de disposiciones en la ley penal que tengan efectos discriminatorios sobre el derecho de la víctima a acceder a la justicia (por ejemplo, disposiciones sobre violación estatutaria, prescripción de crímenes).
Adaptar todas las regulaciones penales, administrativas y/o disciplinarias que sancionen la explotación sexual y la violencia contra niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el concepto de consentimiento desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Criminalizar la violencia sexual incestuosa como una disposición penal autónoma e independiente..
Asegurar que el proceso judicial tome en cuenta la situación particular de vulnerabilidad y las necesidades de las víctimas menores, integrando una perspectiva de género e interseccional, y manteniendo los estándares de protección a los que tienen derecho las víctimas infantiles.